En medio de interrogantes sobre los criterios de integridad aplicados en la negociación energética entre Washington y Caracas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, salió al paso para defender la concesión otorgada a la firma North American Blue Energy Partners (NABEP). La compañía, vinculada de manera directa al magnate venezolano Alejandro Betancourt Betancourt, asumirá el control operativo de 17 campos petroleros estratégicos en suelo venezolano, en un movimiento justificado por la administración de Donald Trump como una medida para arrebatar la producción a los intereses de Pekín y Moscú. Cuestionado sobre la elección de la empresa y los filtros de seguridad, Rubio ofreció una defensa contundente del papel de NABEP en la transacción: «Es la compañía privada más grande que tenía Venezuela en términos de la producción, también tiene un historial de poder producir petróleo y simplemente lo que esto es ahora es un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos a través del departamento de guerra porque ellos tienen una cuenta especial que puede tomar posesión de ciertos porcentajes de este tipo de cosas para normalizar ese sistema». Ante la insistencia sobre el perfil comercial de la corporación, el funcionario remarcó: «Es la segunda, es la más grande privada que existe. Después queda Chevron, pero la más grande que existe en términos de no solamente los números de campos que tienen, sino también de la capacidad productiva (…) Esto es una compañía que tiene un historial de producción, que tiene conocimiento del sistema». Cuestionamientos éticos versus pragmatismo operativo La figura de Alejandro Betancourt Betancourt agrega una pesada carga de controversia a la transacción. Investigaciones independientes realizadas por medios internacionales y organismos anticorrupción han documentado cómo el empresario amasó miles de millones de dólares a través de contratos gubernamentales opacos durante la emergencia energética decretada en Venezuela, particu
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