En 1998, PDVSA era la empresa más emblemática y exitosa de la economía venezolana. Producía más de tres millones de barriles diarios, cubría completamente la demanda nacional de combustible y gas, y exportaba parte de su producción incluyendo gas licuado. La empresa contaba con más de mil empresas privadas nacionales prestando servicios especializados, así como las mejores empresas transnacionales para operaciones específicas. Además, mantenía perspectivas de aumentar la producción a cinco millones de barriles diarios en el corto plazo, cumplía puntualmente con el pago de impuestos y regalías en dólares, y se encontraba solvente con todos sus proveedores.
Los trabajadores de PDVSA gozaban de las mejores condiciones laborales del país. Recibían los salarios más altos de la nación y contaban con un fondo de ahorro para jubilaciones superior a 500 millones de dólares. Adicionalmente, tenían acceso a facilidades crediticias para adquirir viviendas, vehículos y electrodomésticos, mientras que los organismos financieros competían por ofrecerles sus servicios. Esta situación reflejaba la solidez y rentabilidad de la empresa estatal.
A partir de 2002, PDVSA fue incorporada a la política denominada Socialismo del Siglo XXI, lo que marcó el inicio de su deterioro. Una de las decisiones más emblemáticas fue el despido de más de 20.000 técnicos, ingenieros, profesionales y gerentes que acumulaban en promedio más de 20 años de experiencia laboral. Estos despidos respondieron a criterios de lealtad política y no a capacidades técnicas o gerenciales, debilitando significativamente la estructura operativa de la empresa.
Veintiséis años después, en 2026, la realidad de PDVSA es completamente distinta y sumamente compleja. La empresa requiere alrededor de 100.000 millones de dólares o más para recuperar su infraestructura, incluyendo refinerías, oleoductos y terminales de embarque. Mantiene deudas con empresas transnacionales vinculadas a operaciones expropiadoras, estimadas en más de 40.000 millones de dólares. Además, las poblaciones petroleras fueron abandonadas y convertidas en comunidades desprovistas del apoyo que tradicionalmente recibían de las empresas petroleras, mientras que la escasez de combustible y la degradación de servicios afectaron gravemente a las familias venezolanas.
Fuente: La Patilla — Ver nota original
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