“Todos nos preguntamos, con razón, ¿qué se persigue con esta reforma? Y además, dada la posición que ha adoptado la actual administración de la Contraloría, totalmente opaca en temas muy delicados, tenemos el derecho a sospechar que nada positivo hay como propósito”, acotó Rodríguez
A pesar de las voces que señalan que el proyecto de ley 907, que reforma la ley orgánica de la Contraloría General de la República, aprobada en octubre por la Asamblea Nacional, tendría visos de inconstitucionalidad, uno de sus impulsores no lo ve así.
La propuesta, que se encuentra en manos del presidente Laurentino Cortizo, para su veto o sanción, aparte de crear la carrera para los funcionarios de esa institución, contempla al menos cuatro artículos que, a juicio, del abogado y exfuncionario de esa entidad, Ernesto Cedeño, podrían propiciar un “veto parcial” por parte del Ejecutivo.
Se trata de los artículos 14, 22, 31 y 46. El abogado, que ve como positivo que se haya creado una carrera para los funcionarios de la Contraloría, planteó que la reforma también debilitaría el rol fiscalizador de la entidad.
Por ejemplo, explicó que el artículo 22 busca facultar a la Contraloría para que reglamente el tema de las auditorías internas gubernamentales. La funciones de la Contraloría son claras en la Constitución y esa no está, dijo. “Viola el principio de separación de poder, porque los auditores internos son funcionarios de la entidad que los nombra y ellos no van a poder ser destituidos si cometen algo indigno”.
Señaló como inconveniente el artículo 14, debido a que se exonera a todos los funcionarios (incluso de la Contraloría) de una investigación penal, de un acto que se originó independientemente si la institución lo refrendó o no.
A ello se suma el artículo 46, que exonera a los funcionarios de la Contraloría como empleados de manejo en la jurisdicción de cuentas .
El Tribunal de Cuentas, a cargo de Alberto Cigarruista, Rainier Del Rosario y Álvaro Visuetti, también ha señalado que quitarle responsabilidad a los fiscalizadores constituye un grave error, porque debilitaría los esfuerzos para combatir la corrupción. Pero, a pesar de que han sido críticos del proyecto 907, ya que también modifica la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas, a la fecha no han señalado si tomarán alguna acción ante el Ejecutivo o ante la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que el exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, indicó que el proyecto de ley es una reforma “contraproducente”, que lejos de otorgarle más facultades a los funcionarios de fiscalización de la Contraloría, los exime de responsabilidad patrimonial cuando se hayan prestado, cómo ha ocurrido ya en el pasado, para actos que atenten contra el patrimonio público. Que se le otorgue al contralor la facultad de aprobar, cerrar y archivar informes de auditoría, podría evitar que se interrumpan auditorías que eventualmente, en caso de hallazgo de lesión patrimonial, terminarían siendo la base para los procesos en la jurisdicción de cuentas.
“Todos nos preguntamos, con razón, ¿qué se persigue con esta reforma? Y además, dada la posición que ha adoptado la actual administración de la Contraloría, totalmente opaca en temas muy delicados, tenemos el derecho a sospechar que nada positivo hay como propósito”, acotó Rodríguez.
Pero más allá, el exfiscal general electoral, Boris Barrios, argumentó que una de las cosas que en este país, por la vía administrativa, incentiva la corrupción, es la misma ley orgánica de la Contraloría. Explicó que si el informe de la Contraloría no dice que hay lesión patrimonial, la Fiscalía de Cuentas no tiene cómo sustentar cargos.
Planteó que distinto es el escenario en la justicia penal ordinaria, cuando se presentan investigaciones por actos de corrupción o delitos contra la administración pública, porque la autoridad competente para dictaminar la afectación son los peritos contables del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
No obstante, el diputado perredista Leandro Ávila, que fue uno de los que impulsó la iniciativa junto a sus colegas Ricardo Torres y Crispiano Adames, presidente de la Asamblea, defendió la propuesta.
Dijo que la facultad de archivar o no un informe de auditoría, de hecho, ya la tiene la Contraloría. Puso de ejemplo los informes de auditoría que no revelan irregularidades.
Con respecto a la reglamentación de las auditorías internas de las instituciones, aseguró que lo que se busca es “ampliar el brazo de la Contraloría para poner orden en las instituciones estatales, ya que los trabajos e informes de los auditores internos no son respetados y si son críticos ante la administración, lo más probable es que sean despedidos”.
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